Por: Susana Vargas Zempoaltecatl
El desconocimiento de principios, valores, derechos humanos y fundamentales por parte de quien debe proteger y garantizar los mismos, es un grave problema que lacera a los grupos más vulnerables en nuestro país.
Hasta en tanto en nuestra realidad los números o las estadísticas nos indiquen que ninguna persona ha sufrido de violencia y, en especial mujeres y niñas, es importante recordar, subrayar, reiterar e insistir que los servidores públicos en cualquier orden de gobierno están obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y para ello deben tener pleno conocimiento en la materia.
No debemos permitir que se minimice, ni mucho menos se normalice o justifique ningún acto de violencia hacia las mujeres y niñas, amparados en creencias erróneas que no contribuyen al respeto de la dignidad humana.
La violencia contra las niñas por la venta en matrimonios forzados.
Aún y cuando no existen datos estadísticos de cuántas niñas son vendidas para matrimonio en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sí ha señalado que seis de cada mil niñas de 12 a 14 años se han unido o casado, lo que supone un aumento en el matrimonio infantil durante el 2020 respecto a 2010.
Desafortunadamente, en México, la venta de niñas en matrimonios forzados es una práctica que se realiza en ceremonias privadas, presididas por las autoridades tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas -quienes avalan el trato-, y que no tiene nada que ver con temas de respeto a los valores morales y culturales.
Nada justifica el maltrato, la violencia, la discriminación y el sufrimiento de las niñas que se enfrentan a este terror o crimen en su vida; aunque esto no represente el patrón de las comunidades indígenas, es urgente hacer hincapié en conceptos como la interculturalidad y la interseccionalidad, para que no se confunda y justifiquen actos de violencia que siguen aconteciendo en nuestros pueblos indígenas.
Nuestras normas constitucionales y los tratados internacionales de los que México forma parte, por supuesto que reconocen y respetan la pluralidad, la interculturalidad; es decir, la interacción entre grupos y personas que pertenecen a culturas distintas; pero basada en el respeto a la dignidad humana, esto es, nunca permite, en aras del respeto a esa pluralidad, la discriminación y la violencia en ninguna de sus formas.
Frente al Estado Constitucional en el que nos encontramos, aun seguimos siendo testigos de actos por parte de algunos servidores públicos, que denotan la falta de cultura en materia de Derechos Humanos, con graves consecuencias en muchas ocasiones para los grupos más vulnerables, en donde se atenta contra la igualdad, la libertad, la dignidad humana y se deslegitima la existencia del Estado.
Actos de omisión por falta de directrices, políticas públicas, programas que contribuyan en la realidad a la eliminación de este tipo de prácticas, donde se violenta la niñez, denotan la falta de compromiso y el desconocimiento de la obligación de garantizar una vida libre de violencia a todas las niñas.
Reflexiones finales.
No sólo comete violencia quien lleva a cabo la venta de niñas en matrimonios forzados, sino también quienes llevan a cabo el ejercicio del poder público, pues están obligados a prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño ocasionado; y si no se lleva a cabo esto se comete violencia institucional, pues tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal, que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
La interculturalidad es el mecanismo para lograr el respeto entre las diversas culturas, respeto a su conocimiento, su interacción, la convivencia entre ellas, basada en el respeto desde la igualdad; sin embargo, este concepto no significa cobijar ni atentar contra la dignidad humana de las personas.
Es esencial que exista una cultura en materia de derechos humanos en los servidores públicos, de lo contrario, la falta de conocimiento de principios y valores que sustentan el goce de los derechos humanos por parte de quien tiene la obligación de protegerlos, contribuirá a la violencia en todas sus formas y a perpetuar las profundas inequidades de género.
Susana Vargas Zempoaltecatl es abogada, Doctoranda en Derecho por la Escuela Superior de Derecho y Ciencias Políticas en Cholula, Puebla; cuenta con estudios de posgrado por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, realizó la licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica de México, ha realizado diversos cursos y diplomados en materia de Derechos Humanos y Derechos de Género. Colaboradora de la plataforma digital Igualitari@s.