Por: Liliana Cárdenas Morales
Vivir para, por y en pro de los Derechos Humanos
La posibilidad que tienen las personas de ejercer plenamente sus libertades en condiciones de igualdad de trato y de oportunidades, y libres de violencia en un determinado contexto social, jurídico y político, es un parámetro que nos permite evidenciar también si pertenecemos a una sociedad que ha podido desarrollar una verdadera cultura democrática y jurídica en la gnosis social; es decir, si los derechos humanos forman parte de un sentimiento jurídico en la comunidad, que nos conmina a respetar la dignidad humana de los demás, porque de ello depende la reafirmación del Estado constitucional, o si, por el contrario, se configuran como principios, derechos y normas frías establecidas en una Constitución, que está alejada de la vida y la realidad de sus destinatarios.
La realización de los derechos humanos se lleva a cabo -o no- en cada momento de nuestra vida, en cada minuto y en cada situación cotidiana; el respeto de los derechos humanos de las otras personas, corresponde a una decisión personal para contribuir a un bien superior: el bienestar general o social; contrario a lo pudiera pensarse, los derechos humanos como principios y prerrogativas que asisten a la persona humana por el simple hecho de serlo, no constituyen solo un objeto de estudio y de regulación para el Derecho, sino que tienen una vocación eminentemente sustancial, es decir, que su aplicación es indispensable para la construcción de sociedades pacíficas, en donde su práctica depende de una ciudadanía responsable y consciente de la relevancia de su conducta para la construcción de una sociedad pacífica, igualitaria y democrática.
El fenómeno de la revictimización en el contexto jurídico y social mexicano
Desafortunadamente en México la violencia contra las mujeres es un problema grave de seguridad ciudadana, pues desde hace treinta años no ha dejado de crecer, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas Mujeres (UNWOMEN) la estadística establece que el 43% de las mujeres ha experimentado violencia por parte de su actual o última pareja. Asimismo, de acuerdo con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres la mayor incidencia de violencia que se comete se da en el ámbito “familiar”, es decir, el lugar en donde toda persona, por esencia debería sentirse y estar más segura y protegida.
Es común escuchar o leer, tanto en las redes sociales, noticieros, programas de opinión pública, así como en las conversaciones entre amigos y familiares, el señalamiento superfluo que cuestiona la falta de denuncia oportuna ante las instituciones competentes de las mujeres en situación de violencia, sin tener en cuenta los terribles y devastadores efectos que produce la violencia de género en cada una de las víctimas; la ignorancia y la falsa creencia de que el ejercicio de la libertad de expresión es absoluto, lleva a quienes emiten su opinión a revictimizar a las mujeres, sin piedad, sin empatía, bajo el velo de que “toda opinión es válida”.
Sin duda alguna, lo anterior es grave y lamentable porque refleja el grado de impunidad de los casos de violencia de género en un determinado contexto jurídico; pero más preocupante resulta, el señalamiento descarnado que se hace sobre las víctimas de violencia de género, que se han atrevido a denunciar por las vías institucionales, deficientes y carentes de instrumentos legales de protección efectiva y eficaz de los derechos de las mujeres en situación de violencia, en donde además de encarar al agresor, tienen que sortear un sinfín de obstáculos legales, falta de sensibilización en perspectiva de género de quienes llevan a cabo las indagaciones pertinentes, y de quienes administran “justicia”.
Así es, en México pedir justicia, que dicho sea de paso es un derecho fundamental de naturaleza procesal, se vuelve un camino largo y azaroso para la víctima de violencia de género, un sendero lleno de recordatorios de todo lo que no hizo, de todo lo que permitió, de todo lo que le recuerda que la culpable es ella, así es, enfrenta un sistema de justicia en el que, aun golpeada, lastimada, vejada, psicológica y emocionalmente destruida, “algo malo hizo” para estar en la situación que le ha tocado vivir.
Por ello, me parece necesario decir con toda claridad lo que muchas personas parecen no saber, que quieren olvidar o que se niegan a conocer, las víctimas de violencia de género sufren una afectación directa al desarrollo de su personalidad y de su identidad, altera el derecho de igualdad de oportunidades para decidir libremente su proyecto de vida, pues nadie decide libremente vivir en situación de violencia ¡Absolutamente nadie! También se afecta el derecho a la salud fisiológica, emocional y psicológica, y recobrarla lleva tiempo, dinero y mucho esfuerzo de la víctima y de su familia, y hay que ser contundentes, hay muchas mujeres que jamás logran recuperarse. Además, cuando la violencia se da en el ámbito familiar, lo que incluye sus relaciones de pareja, cualquiera que sea la etiqueta que se les dé, el daño puede ser aún más grave.
Como parte de los derechos fundamentales de naturaleza procesal de la víctima de violencia, está la tutela judicial efectiva de sus derechos humanos, entre los que se incluye la reparación del daño que se le ha causado. La reparación del daño no solo consiste en el pago de una cantidad determinada por la persona que ha emitido la sentencia, también implica el derecho de la víctima a que se conozca la verdad de lo que ha sucedido, a que se le ofrezca una disculpa pública, a que sea evidente ante la opinión pública la ofensa grave que se ha cometido en contra de su persona.
En búsqueda de la empatía social…
En el caso del Estado mexicano es inaudito que, ante los ojos de las propias autoridades, se atestigüe con indiferencia la forma en que se revictimiza a las mujeres aun cuando ya se ha establecido jurídicamente la culpabilidad del agresor; se sigue cuestionando a las víctimas, se les sigue juzgando socialmente por cómo se visten, cómo se recuperan, cómo viven o sobreviven a la situación de violencia continuada a la que siguen estando sujetas.
¡Basta ya!, si bien es cierto como ciudadanía tenemos el derecho de informarnos y de expresar libremente nuestra opinión, por cualquier medio a nuestro alcance, incluyendo las redes sociales, tenemos que advertir que en un verdadero Estado de Derecho, y si pretendemos ser una sociedad abierta y democrática, todo ejercicio de libertad implica necesariamente responsabilidad, por lo tanto, debemos ser cautelosos con la opinión que expresamos a la ligera, sobre casos o asuntos de los cuales, en muchas ocasiones, no nos informamos a profundidad y nos atrevemos a escribir, ya sea en Facebook o en Twitter, lo primero que nuestros ímpetus o patrones de comportamiento arraigados en una cultura patriarcal nos indican, revictimizando a aquellas personas que luchando contra todas las adversidades institucionales y sociales se atreven a denunciar a su agresor.
Deberíamos seguir reflexionando, pero ante todo, seguir fomentando la cultura de la denuncia y particularmente la protección, no solo institucional de las víctimas de violencia de género, sino como sociedad, tenemos el deber de ser empáticos con esas personas que se atreven a alzar la voz, porque eso nos permitirá seguir desenmascarando, incluso, a aquellos que se dicen públicamente “luchadores contra el sistema patriarcal”, pero que, en su vida privada, no han dejado de ser crueles agresores.
Liliana Cárdenas Morales. Doctora en Derecho, Investigadora Nacional Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Profesora-Investigadora y vicerrectora de investigación y posgrado de la Escuela Superior de Derecho y Ciencias Políticas. Autora de diversas obras sobre Derechos Humanos y estudios de género, como el libro: “El derecho de género en el contexto educativo”.